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Los Estados latinoamericanos ejercen violencia institucional sobre las mujeres

Los Estados latinoamericanos ejercen violencia institucional sobre las mujeres 08.03.2016 | “Antes de realizar el trabajo quizás no teníamos tan claro la forma en que los estereotipos gobiernan la experiencia de las mujeres en los ámbitos de la salud Sexual y Reproductiva”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Antes de realizar el trabajo quizás no teníamos tan claro la forma en que los estereotipos gobiernan la experiencia de las mujeres en los ámbitos de la salud Sexual y Reproductiva”, señaló  Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Esto es palpable no sólo cuando deniegan un aborto no punible, como en el caso que contamos de Argentina, sino cuando esterilizan a una mujer que vive con VIH en México, por ejemplo, para evitar que ‘traiga más hijos enfermos al mundo’”, continuó.

El informe, denominado “El Estado como ‘aparato reproductor’ de violencia contra mujeres”, asegura que “si bien la discriminación contra las mujeres es patente en casi todos los ámbitos de la vida, en los sexuales y reproductivos alcanza matices escandalosos”.

Apoyados en datos estadísticos, informes y documentos, Amnistía relató la historia de siete mujeres y niñas cuyos casos han sido emblemáticos de violaciones a derechos humanos y que son “muy ilustrativos para ver cómo opera el sistema y a que están expuestas las mujeres en esta región”.

Un dato relevante es que el 97 por ciento de las mujeres en América Latina y el Caribe en edad reproductiva vive en países donde el acceso al aborto seguro está severamente restringido por ley.

“En términos generales, el aborto sigue siendo un crimen en gran parte de la región. 
La iglesia y las imposiciones morales y religiosas tienen mucha influencia en la región y en los Estados y esto termina impactando en la política y las leyes”, asegura el informe.

El primer caso relevado es el de la dominicana Rosaura Arisleida Almonte Hernández, una adolescente de 16 años que fue diagnosticada con leucemia al mismo tiempo que le revelaron un embarazo de siete semanas; el sistema sanitario se negó a comenzar inmediatamente el tratamiento y a realizarle un aborto. Se esperó recién hasta la semana 12 para comenzar con la quimioterapia, para proteger al feto; a las pocas semanas la joven tuvo un aborto espontáneo y al día siguiente murió.

En el caso de Tania, una mujer chilena de 31 años, mientras estaba haciendo quimioterapia quedó embarazada y le suspendieron el tratamiento al tiempo que le negaron el aborto; como ella tenía los medios económicos pudo realizarse un aborto clandestino y sobrevivir.

Teodora del Carmen Vásquez, una salvadoreña de 32 años, fue acusada de hacerse un aborto y condenada a 30 años de prisión; ella había pedido ayuda cuando se sintió mal y nadie acudió. Cuando despertó en el hospital, se encontró ya con la imputación del delito por parte de la policía, a la que ella misma había llamado.
Esperanza, una mujer peruana que hoy tiene 59 años, y Michelle, una mexicana de 23 años, fueron víctimas, en distintos momentos de la historia y por distintas razones, de que se les practicaran ligaduras de trompas sin sus consentimientos.

A Esperanza le hicieron la práctica quirúrgica en el marco de un Programa de Planificación Familia a fines de los 80 porque el Estado peruano consideró que tenía ya muchos hijos; mientras que a Michelle, le ligaron las trompas por tener VIH; pero en ambos casos ellas no estaban de acuerdo.

Mainumby, una nena chilena de 10 años, fue obligada a llevar adelante un embarazo producto de una violación, internada en un hogar de niñas y apartada de su madre a quien, tras pedir el aborto para su hija, metieron presa acusada de cómplice por los abusos, a pesar de que había realizado la denuncia.

Finalmente, la séptima historia corresponde a Mónica, una argentina que nació con una cardiopatía por la cual tuvo al menos cinco abortos espontáneos; cuando le iban a realizar una ligadura de trompas que ella había solicitado le suspendieron la operación sin ofrecerle alternativas; al tiempo tuvo un bebé de 27 semanas con retraso madurativo.

En 2011 le detectaron un nuevo embarazo -de 10 semanas- pero no la dejaron abortar pese a tener la historia clínica, por lo que sabían que era un embarazo riesgoso; en su defecto, la obligaron a realizarse más estudios, la trasladaron y tras idas y vueltas con la autorización para hacerle el aborto terminó teniendo al bebé por cesárea; pocos días después sufrió un ACV que le dejó secuelas en su movilidad.

En Argentina, según el Ministerio de Salud, durante 2013 murieron 243 mujeres por causas relacionadas al embarazo; desde 1980, las complicaciones relacionadas con el aborto siguen siendo la primera causa de muerte materna directa.

Las complicaciones por aborto inseguro son la primera causa individual de muerte materna en 17 de las 24 provincias y se calcula que más de 60.000 mujeres tienen que ser internadas en un hospital público por consecuencias de abortos realizados en condiciones inseguras; la mayoría de las víctimas proceden de entornos con pocos recursos económicos o ingresos bajos.

“En todos estos casos el Estado funciona como un ‘aparato reproductor’ de más violencia contra las mujeres.  Pero lo mas problemático es que los Estados no son consientes que promueven y legitiman situaciones de discriminación estructural que es la base de toda violencia de género”, concluyó Belski.

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