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En la actualidad, la distribución primaria –es decir, el reparto entre la nación y todos los gobiernos subnacionales del total de impuestos existentes a nivel nacional por todo concepto– muestra que las provincias reciben de manera automática $1 de cada $4 recaudados. Antes del año 2000 recibían en promedio $1 de cada 3 pesos.
Un trabajo de los economistas Nadín Argañaraz y Ariel Barraud del IARAF indica que “si se tomaran solamente los impuestos que legalmente son coparticipables, con el espíritu original de la ley de coparticipación de 1988 (cuyo mandato constitucional de reforma ‘venció’ en 1996), el reparto debiera ser aproximadamente 60% para provincias y 40% para el nivel federal.
La realidad muestra que se da la situación inversa”. Los expertos del Instituto de Análisis Fiscal consideran que “entre las principales causas de esta situación pueden encontrarse: el financiamiento de la seguridad social a través de impuestos generales y montos específicos detraídos de la masa a repartir; la coparticipación parcial de impuestos como el impuesto a los débitos y créditos bancarios; y la mantención de impuestos como los derechos de exportaciones que desplazan base imponible de otros impuestos (se considera solamente ganancias, uno de los principales componentes de la masa coparticipable)”.
El trabajo estimó que entre 2003 y 2015 el monto acumulado de recursos que deberían percibir las 24 jurisdicciones, pero quedaron en cabeza del gobierno nacional, ascendería a fin de período a 800.000 millones de pesos, de los cuales más de $196.500 millones se cederán en el corriente año.
Sin duda, la revisión de estas distorsiones en el sistema de reparto de recursos de la nación y las provincias será una de las asignaturas pendientes para el próximo gobierno, si es que quien lo ejerza tiene la vocación de hacer honor al federalismo pleno y reducir el trato discrecional en la reasignación de partidas entre las 24 jurisdicciones en que se divide el país.